En un entorno global marcado por la «Sociedad del Riesgo» y la irrupción de tecnologías disruptivas, el rol del Derecho Penal Económico enfrenta su mayor desafío: evolucionar sin atropellar las garantías fundamentales. Este fue el eje central de mi ponencia durante la III Jornada Especializada en Derecho Penal Económico, llevadas a cabo durante los días 13 y 14 de noviembre.
El evento, que se llevó a cabo en el Hotel Continental Altamira y fue organizado por la prestigiosa Revista de Derecho Penal Económico, sirvió como foro para debatir la tensión entre la expansión punitiva y los principios constitucionales.
Bajo el título «Tipologías emergentes en el Derecho Penal Económico Vs. principio de mínima intervención», compartí un análisis exhaustivo sobre cómo el sistema de justicia debe responder ante fenómenos como la ciberdelincuencia y el fraude corporativo, sin convertir el derecho punitivo en la primera respuesta ante conflictos que deberían ser civiles o administrativos.
El límite: la mínima intervención como ultima ratio
Inicié mi intervención recordando que el Derecho Penal debe operar bajo el principio de mínima intervención penal; es decir, solo debe actuar cuando todos los demás medios de control social y jurídico (Derecho Administrativo, Civil, Mercantil, etc.) han demostrado ser insuficientes o ineficaces para proteger un bien jurídico esencial.
Para ilustrar la realidad venezolana, compartí con los asistentes jurisprudencia reciente de la Sala Constitucional del TSJ (como la sentencia 0073 de febrero de 2024 y la 1255 de 2023), que ha anulado actuaciones donde fiscales y jueces intentaron resolver disputas civiles —como posesión de inmuebles o arrendamientos— a través de la vía penal, señalando que tal actuación configura desconocimiento del principio de mínima intervención y puede encuadrarse en «fraude procesal o terrorismo judicial».
La Expansión 2.0: nuevos intereses y la globalización
Uno de los puntos más álgidos de la conferencia fue la explicación de las causas que están forzando la expansión del Derecho Penal. Siguiendo al profesor Silva Sánchez la globalización económica y la inseguridad vital generalizada están impulsando una creciente demanda social de protección que se dirige al Derecho penal.
La «Expansión 2.0» está impulsada por el desarrollo acelerado de la Inteligencia Artificial, la ciberdelincuencia, y el riesgo derivado de la crisis climática y el desarrollo biotecnológico.
Entre las tipologías emergentes y actualizadas que requieren una atención imperativa del marco legal venezolano, se compartieron:
- El uso de criptoactivos y tecnologías de Información como medios para el fraude.
- La falta de implementación eficaz de sistemas de prevención contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
- La necesidad de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- El fraude entre socios, la insolvencia fraudulenta y los delitos contra el medio ambiente.
Durante el cierre de la ponencia se dejó una hoja de ruta clara: el Derecho Penal debe intervenir para proteger el statu quo del sistema económico, pero el Principio de Mínima Intervención (PMI) es un postulado de política criminal cuyo destinatario principal es el legislador.
«Se requiere incorporar nuevos tipos penales y actualizar algunos vigentes para garantizar la protección de los bienes jurídicos y cumplir compromisos internacionales, pero siempre definiendo los tipos penales con la mayor taxatividad posible, evitando la excesiva remisión a normas extrapenales», el PMI constituye únicamente un criterio interpretativo restrictivo, especialmente en los tipos penales de redacción abierta o que tienen lagunas en su interpretación.
Pueden ver la ponencia en el siguiente link : PONENCIA
