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El 17 de agosto de 2023, el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley de Delitos Económicos en Chile (Ley N° 21.595), marcando un hito en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos en el país. Esta reforma representa la mayor actualización del derecho penal económico chileno en décadas y aborda una serie de problemas y desafíos en la persecución de los llamados «delitos de cuello blanco y corbata«. En este artículo, exploraremos las claves más relevantes de esta ley, destacando su impacto en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la importancia del cumplimiento normativo o compliance en este nuevo contexto legal.

1. Categorías de Delitos Económicos

La Ley de Delitos Económicos crea cuatro -4- categorías de delitos para determinar su consideración como económicos. Esto permite establecer el sistema de sanciones y penas aplicables. Algunos delitos son considerados automáticamente económicos, mientras que otros lo son cuando son cometidos por ciertas personas o en determinadas condiciones. Estas categorías abarcan delitos contra el mercado de valores, delitos bancarios, delitos tributarios, delitos contra el medio ambiente, entre otros.

2. Graduación de Penas y Agravantes

Una de las novedades más significativas de esta ley es la introducción de un sistema de penas diferenciadas para delitos económicos. Estas penas se gradúan en función de la gravedad del delito y su impacto económico. El objetivo es evitar la sensación de impunidad en los delitos económicos. Además, se aplican sanciones adicionales, como multas proporcionales a los ingresos del condenado, lo que garantiza que las sanciones sean efectivas y proporcionales a la capacidad económica del infractor.

3. Inhabilitaciones Especiales

La ley establece la imposición de inhabilitaciones especiales como medida adicional de prevención y sanción. Estas incluyen la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la inhabilitación para ocupar cargos gerenciales y la inhabilitación para contratar con el Estado. Estas medidas buscan prevenir la reincidencia y garantizar que los infractores no puedan seguir participando en actividades que puedan facilitar la comisión de nuevos delitos económicos.

4. Comiso de Ganancias

Una característica fundamental de esta ley es la inclusión del comiso de ganancias. Toda condena por un delito económico conlleva el comiso de las ganancias obtenidas a través del delito. Esto significa que los activos patrimoniales equivalentes al valor de las ganancias obtenidas ilegalmente se transfieren al fisco. Además, se regula la posibilidad de comiso sin condena previa en ciertos casos, lo que refuerza la efectividad de esta medida de recuperación de activos.

5. Modificaciones a la Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas

La ley modifica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley Nº 20.393) para ampliar el catálogo de «delitos base» que pueden dar lugar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahora, cualquier delito en las cuatro categorías de delitos económicos puede dar lugar a la responsabilidad de la empresa, incluso si no se cumplen todos los requisitos tradicionales de conexión. Además, se introducen mejoras en la relación entre el delito cometido por una persona natural y la responsabilidad penal de la persona jurídica.

6. La Importancia del Cumplimiento Normativo (Compliance)

En este nuevo contexto legal, la exigencia de un programa de cumplimiento normativo o compliance se vuelve fundamental para las empresas. Los directores y ejecutivos deben asegurarse de que el compliance officer tenga la estatura y la capacidad necesarias para liderar eficazmente esta función. Algunas empresas han considerado otorgar al compliance officer un asiento en los directorios, lo que le permitiría participar de manera más activa en la dirección estratégica de la organización.

Las empresas deben ajustar y fortalecer sus modelos de prevención del delito para evitar la comisión de delitos económicos, incluidos los relacionados con la propiedad intelectual e industrial. Esto implica realizar un inventario de los activos de propiedad intelectual utilizados, garantizar los permisos necesarios, capacitar al personal y reforzar el cumplimiento a nivel de la alta dirección.

Conclusiones

La Ley de Delitos Económicos en Chile representa una reforma integral que busca prevenir y sancionar de manera más efectiva los delitos económicos, especialmente aquellos cometidos por individuos y empresas en posiciones de poder. La introducción de categorías de delitos, la graduación de penas, las inhabilitaciones especiales, el comiso de ganancias y las modificaciones a la responsabilidad penal de las personas jurídicas son elementos clave de esta reforma. En este nuevo contexto, el cumplimiento normativo o compliance se convierte en una herramienta esencial para las empresas que desean cumplir con las exigencias de esta ley y prevenir la comisión de delitos económicos.

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