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El pasado 9 de diciembre de 2021 fue dictado el Decreto Ley 109/E, mediante el cual se exigen a las personas jurídicas con sede en Portugal, sus sucursales, así como a los servicios y personas jurídicas de la administración pública que tengan más de cincuenta (50) trabajadores la implementación de un programa integral de prevención de delitos contra la corrupción e infracciones relacionadas.

 

Este Decreto Ley entra en vigencia plena el próximo 7 de junio de 2022 y marca un hito en el desarrollo del desarrollo del compliance penal en Portugal.

 

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